Se inició hace unos días el largo proceso para seleccionar a los tres nuevos jueces y juezas para la renovación de la Corte Constitucional en febrero del 2025. Para ello tres de los seis jueces o juezas nombrados en 2019 deberán dejar la Corte por sorteo.
Este proceso deberá iniciar con la selección de una comisión calificadora integrada por seis personas, dos por el ejecutivo, dos por el legislativo y dos por la Función de Transparencia y Control Social.
Lamentablemente, hay buenas razones para una profunda preocupación respecto a este proceso. Las designaciones de autoridades de control y jurisdiccionales han estado plagadas de escándalos, conflictos incluso jurisdiccionales y desaciertos.
En contraste, la Corte Constitucional, con todas sus limitaciones y errores, se ha erigido desde 2019 en la institución pública más sólida del país: sin escándalos de corrupción, la Corte ha limitado legítimamente el poder del ejecutivo y de las mayorías parlamentarias, ha desarrollado varios derechos constitucionales; y argumentado sus decisiones.
Baste como ejemplo de la gravitación institucional de la Corte el hecho de que, por primera vez en la historia, la crisis presidencial durante el gobierno de Lasso, se resolvió, con la anuencia general, en un tribunal y no en los cuarteles y con enfrentamientos en las calles.
Los actores políticos tienen una gran responsabilidad al postular para la renovación de la Corte a los miembros de la comisión de selección y luego a candidatas y candidatos adecuados para juezas y jueces. Cada comisionado y candidato o candidato inadecuado acrecentarán las dudas sobre el sentido de bien público de quienes los designen y nominen, ¿asumirán estos actores adecuadamente tal responsabilidad?
La experiencia nos sugiere un horizonte pesimista, pero quizá pueda hacerse una buena renovación presionando con una profunda intervención de la opinión pública. En medio de la grave crisis moral e institucional que vivimos, la renovación de la Corte mostrará ante el país, para bien o para mal, de cuerpo entero, y en época electoral, al presidente Noboa, a las fuerzas legislativas y a las autoridades de control y participación.
Agustín Grijalva
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