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Ahora que se ha iniciado la renovación de tres jueces de la Corte Constitucional, es oportuno destacar cuál es la importancia de este organismo para la vida de ciudadanas y ciudadanos.
Esto es necesario saberlo para defender la independencia de la Corte, para entender que, si se hacen malas designaciones de jueces, se nos está perjudicando gravemente en nuestros derechos y, en general, al país.
La Corte es el máximo, no el único, intérprete jurídico de la Constitución. Esto significa que tiene un papel fundamental en ir definiendo, a la luz de casos concretos, la Constitución, la ley y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el alcance de nuestros derechos. Estas interpretaciones de la Corte son obligatorias y forman los llamados precedentes jurisprudenciales.
Así, por ejemplo, la Corte ha definido la estabilidad laboral de las mujeres embarazadas, de trabajadores con discapacidad o de personas con enfermedades catastróficas. También ha ayudado a definir derechos de los niños y adolescentes, indígenas, migrantes, privados de libertad, entre otros grupos vulnerables.
Además, para proteger nuestros derechos, la Corte también controla que otras funciones del Estado los respeten, limitando y encauzando así su poder. Por ejemplo, en los estados de excepción, la Corte ha revisado que el presidente de la República no incurra en excesos al declarar el estado de excepción y al suspender algunos de nuestros derechos; ha verificado que tal suspensión esté realmente justificada.
Otros derechos sobre los cuales la Corte ha dictado jurisprudencia son los derechos de la naturaleza, el derecho a un medio ambiente sano, la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho a la educación y la seguridad social, entre otros.
En cuanto a los legisladores, la Corte controla que las leyes que promulga la Asamblea Nacional no violen nuestros derechos, sino que los desarrollen. Así, en el caso del aborto por violación o la eutanasia, la Corte emitió sentencias para proteger nuestros derechos a la igualdad, la no discriminación y una vida digna.
La Corte Constitucional también debe revisar las propuestas que hacen los ciudadanos y las autoridades para consultas populares. Debe examinar que se cumplan ciertos requisitos para el enjuiciamiento político del presidente y vicepresidente de la República. En varios casos, ha tomado decisiones para que se respete la consulta ambiental.
La Corte también puede, mediante la denominada acción extraordinaria de protección, revisar procesos en los que los jueces y tribunales no han respetado el debido proceso, no han garantizado, por ejemplo, la defensa o el derecho que tenemos a que los jueces justifiquen, al menos mínimamente de forma jurídica, sus decisiones.
Como puede verse, estas y otras competencias hacen que la Corte Constitucional influya sobre nuestras vidas y las del país. Ahora que ingresamos al período electoral, debemos estar muy pendientes de cómo actúan el presidente, la Asamblea y la Función de Transparencia.
Los candidatos que se presenten para la Corte son un buen indicador de cuánto les interesa realmente a estas autoridades nuestros derechos, la Constitución y la democracia.
Agustín Grijalva
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