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¿Por qué las personas privadas de la libertad tienen derechos? Porque así lo dispone la normativa ecuatoriana, los tratados y las Cortes Internacionales. Cito fuentes obligatorias porque esa es una pregunta innecesaria que nos lleva a un debate aparente. Las obligaciones del Estado respecto a los derechos de las personas que están bajo su custodia son innegables.
Precisamente por eso, el Ecuador y varios Estados de la región han sido condenados por violar los derechos de quienes se encontraban en sus cárceles. Recordemos el caso de Daniel Tibi, uno entre tantos. El francés que vivía en Ecuador y al que no solo lo encarcelaron sino que le destruyeron la vida. Años después recibió una indemnización que pagamos todos y todas, pero eso poco vale cuando se conoce su historia. Se murió hace poco, en el preámbulo de las masacres carcelarias que magnifican su caso a la enésima potencia. Eso sucede con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se paga una suma de dinero y los hechos que nos condenaron están destinados a repetirse.
Vale recordar que no todas las víctimas que comparecen ante la Corte son inocentes, eso es irrelevante. La inocencia de una persona no es lo que debería librarla de la tortura estatal, sino el respeto al Estado de Derecho que funciona como garantía de los ciudadanos en general. Esa barrera infranqueable que diferencia al Estado de los delincuentes.
Además, si revisamos los casos ecuatorianos que se litigan ante cortes internacionales, veremos que las violaciones de derechos eran innecesarias a efectos de combatir el crimen. Los hechos son una mezcla de indolencia, incompetencia y, a veces, hasta torpeza.
Las sentencias internacionales a las que nos referimos deberían servir para reconfigurar la discusión en torno a las cárceles, pero sobre todo en torno a la criminalidad y la respuesta estatal para afrontarla. Ese es el verdadero problema, no los derechos humanos de los detenidos. Si así fuese, Noruega estaría infestada de los criminales más aberrantes.
Otro dato para el debate, los delincuentes sanguinarios que imaginamos cuando pensamos en los derechos de los presos no son los únicos que van a ingresar en las redes de este sistema corrupto y violento. Todos y todas somo potenciales víctimas del poder penal.
Desafortunadamente, en este momento la cuestión a debatir ni si quiera son los derechos de las personas privadas de la libertad. Lo grave aquí es que los derechos se violan porque el Estado ha perdido el control del único lugar en el que se acepta y exige que su poder sea absoluto, las cárceles.
Ese control que ya ni se sabe cuándo se perdió. El último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que la situación carcelaria responde a un problema estructural imputable a varios gobiernos. Un informe que se hizo sin que pudiesen ingresar a la cárcel porque simplemente no podíamos garantizar su seguridad. Ese es el problema a debatir y solucionar, un Estado ausente, impotente, corrupto. Un Estado que no puede controlar lo que sucede en sus cárceles porque debe pedir permiso para ingresar. Los derechos humanos nunca serán el problema.
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